Reunión Informativa en Desaparición Forzada en Mexico. 05/Octubre/2017

Comisión de Asuntos Exteriores de la casa “Comisión de derechos humanos de Tom Lantos”

Reunión informativa en Desaparición forzada en México.

Declaración de Barbara A Frey, J.D. Director,  programa de derechos humanos Universidad de Minnesota Miembros del Congreso.

Es mi honor y el placer de moderar este informe hoy sobre el problema de las desapariciones forzadas en México. Hablo en nombre del Observatorio sobre desapariciones forzadas y la impunidad en México, un proyecto de investigación llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Minnesota, FLACSO-México (Facultad Latinoamericana de ciencias sociales) y el centro de América Latina Universidad de Oxford. Investigadores en el Observatorio también asocian con organizaciones de derechos humanos en México, incluyendo redes de familias que buscan el destino de sus seres queridos desaparecidos.

El objetivo del Observatorio es ayudar a comprender el fenómeno de las desapariciones y especialmente encontrar y organizar los datos que nos ayudarán a aprender más sobre los autores y las víctimas. Uno de los problemas más importantes que enfrentamos al tratar de resolver la crisis de las desapariciones es la falta de información confiable. El Observatorio está trabajando para ayudar a llenar algunos de esos vacíos de información mediante la recopilación de datos de tantas fuentes de información como sea posible. Hasta ahora hemos recopilado bases de datos de los archivos de las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra las desapariciones forzadas en los Estados fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de los medios de comunicación y social media en los Estados. En la siguiente fase de su investigación el Observatorio analizará desapariciones en los Estados de Guerrero, Jalisco y Veracruz.

En últimos diez años, según las cifras del gobierno mexicano, ha habido más de 30.000 personas desaparecidas y desaparecidos. El gobierno mexicano, en su registro nacional de desaparecidos o personas desaparecidas, reconoce que en la última década un promedio de 3.012 personas al año han desaparecido. Sospechamos que la cifra es mucho mayor, basada en los archivos que hemos examinado con respecto a muchas personas cuya desaparición no siquiera aparece en el registro.

Definiciones
Desaparición forzada se considera ser una de las más graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos; en determinadas circunstancias es un crimen contra la humanidad. La definición legal de una “desaparición forzada” puede encontrarse en el artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, a la que México se convirtió en un Estado parte en el 2008:

“desaparición forzada” es considerado como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del estado, seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o por el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, que tal persona fuera de la protección de la ley.

El uso del término “desaparición forzada” se restringe a casos evidencia un papel directo o indirecto del estado en la desaparición. Si una desaparición es considerado como una violación de los derechos humanos, o simplemente un crimen aislado, se enciende si hay prueba de “tolerancia” por el estado, en cualquier forma. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalan, y confirmar las noticias que hemos revisado, que agentes del gobierno participan regularmente en las desapariciones en México, sirviendo como autores, cómplices o consienten la violencia realizada por los carteles de droga armados. Sin embargo, en muchos casos, porque la prueba sí mismo ha desaparecido junto con la víctima, esta cuestión del umbral de la aquiescencia de agentes estatales se convierte en más difícil de probar. Cuando existe sólo evidencia circunstancial, el Gobierno siempre puede poner la culpa en los carteles de la droga.

La cultura de la impunidad en México proporciona el contexto para el patrón de desapariciones forzadas, donde hay poco o ningún riesgo de consecuencias legales para acciones criminales incluso descaradas. Estatal o federal investigaciones de desaparecidos reportados en México van desde inexistente a incompetente. En su informe de 2013 a la Comisión de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, el gobierno mexicano admitió que ante decenas de miles de desapariciones, hubo 99 indagaciones preliminares a nivel federal en los casos de desaparición forzada entre 2006 y 2013 y 192 averiguaciones preliminares a nivel estatal durante el mismo período.

Mitos sobre desapariciones
Narrativa del gobierno, que se repite a menudo en los medios de comunicación, propone varios mitos sobre los crímenes de desaparición forzada en México:
Mito #1: Los autores son miembros del crimen organizado y no agentes del estado.
Mito #2: Si cualquier estatales están involucrados, es sólo aquellos en los niveles más bajos de gobierno que haz tomados en por la corrupción y el miedo de los cárteles.
Mito #3: Las víctimas ellos mismos están involucradas en el crimen organizado, “deben haber hecho algo.”
Mito #4: Faltan a la mayoría de las víctimas de su propio acuerdo, tal vez viajando hacia el norte para trabajar o para salir de las obligaciones familiares.

El Observatorio se propuso para investigar los mitos que han sido perpetuados por el gobierno de México sobre las desapariciones forzadas. Nuestros investigadores examinó 548 expedientes sobre personas desaparecidas en los años 2005-15 obtenidos de los ciudadanos en apoyo a los derechos humanos (CADHAC, por sus siglas en Español), una ONG con sede en el estado de Nuevo León. Los estudiantes de la Universidad de Minnesota también revisaron artículos del periódico principal en Nuevo León, El Norte.
Con respecto a los mitos acerca de los autores, nuestra investigación reveló lo siguiente:

1. Agentes estatales participaron en casi la mitad de las desapariciones reportadas en Nuevo León: 46.76 por ciento fueron realizadas por agentes del estado, 46,04% por delincuencia organizada y 7.19 por particulares.

2. Entre las desapariciones realizadas por agentes del estado, 49,25 por ciento fueron atribuida a la policía municipal, pero más de la mitad participan funcionarios más altos del gobierno, incluyendo 24.63 por agentes de seguridad estatales y 26.12 por las fuerzas de seguridad federales.

Con respecto a los mitos sobre las víctimas, nuestra investigación mostró que, en los registros de CADHAC,
3. 91,55% de los desaparecidos no tenía ninguna conexión discernible a la delincuencia organizada. De hecho, los informes de las ONG y los medios de comunicación mostraron una amplia gama de víctimas destinados a la desaparición como empleados o dueños, los trabajadores de la construcción y la máquina, vendedores de coche, cargadores de carga, abogados, ingenieros de software, estudiantes y ganaderos. Conductores y taxistas parecen ser desproporcionadamente objeto. 4. Por último, parece haber poca evidencia para sugerir que el “desaparecido” en México faltan de su propio acuerdo. Nuestro análisis de prensa disponible e información de las ONG en Nuevo León mostró que sólo el 12.41% había encontrado vivo, 11.68% fueron encontrados muertos y todavía faltaban 75.91% de las víctimas.

El derecho a una investigación: el protocolo de Minnesota
Las familias en México han adoptado medidas valientes para localizar a sus seres queridos, a pesar de la falta de confianza en la capacidad del gobierno para ayudar en estos casos. El Observatorio encontró que miembros de la familia en contacto con funcionarios públicos acerca de las desapariciones a tasas más altas de lo habitual, a la prensa y se organizaron a través de grupos familiares para defender sus derechos. Una revisión de informes de la prensa demostró que, en un país donde sólo el 7% de los delitos son reportado a las autoridades, amigos y familiares en contacto con funcionarios en 30% de los casos de desaparición en Nuevo León y el 52% de los casos en Coahuila.

Una revisión de archivos de CADHAC mostró incluso más altos de los informes que los artículos de los medios de comunicación. En 300 de 548 casos CADHAC (54%), miembros de la familia reportaron la desaparición a un estado oficial, incluyendo la oficina local del ministerio público, el ejército, la Comisión de derechos humanos de Nuevo León y la Procuraduría General de la policía del estado. Cuando miembros de la familia buscaban la ayuda de funcionarios públicos, 54.7% hizo uno contacto, 20.7% hizo dos contactos y 10,3% hizo al menos tres contactos.

A pesar de los esfuerzos de miembros de la familia, el gobierno de México no está drásticamente en su responsabilidad de investigar. El recientemente revisado Protocolo de Minnesota en la investigación de potencialmente ilegal la muerte (2016) establece las responsabilidades reconocidas internacionalmente de los gobiernos para investigar las desapariciones forzadas. El protocolo deja claro que “el deber de investigar es una parte esencial de defender el derecho a la vida”. (Sección II.A.c.) El protocolo hace hincapié en “el deber de cualquier individuo involucrado en una investigación para observar los más altos estándares de ética profesional” (sección III).También proporciona orientación y mejores prácticas para los responsables del proceso de investigación, incluyendo policía, profesionales médicos y jurídicos y miembros de equipos de investigación (sección IV). El protocolo de Minnesota, publicado por primera vez en 1991 y actualizado recientemente, puede consultarse en:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/MinnesotaProtocolInvestigationPotentia llyUnlawfulDeath2016.pdf.

El protocolo de Minnesota también reafirma los derechos de los miembros de la familia según el derecho internacional, incluyendo el derecho a la información sobre la desaparición que podrá realizarse en los registros de un estado, incluso si los registros se llevan a cabo por organismos de seguridad del estado. Regularmente, estos derechos son ignorados por el gobierno mexicano, que no para ayudar a los miembros de la familia en la búsqueda de sus seres queridos.

Basado en estos resultados, instamos a los miembros del Congreso de Estados Unidos para revisar regularmente los esfuerzos del gobierno mexicano para investigar todas las desapariciones de manera pronta y exhaustiva, a respetar los derechos de los miembros de la familia y que identificaron los autores son enjuiciados.

Gracias por su atención.

 

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